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El Gobierno de México anuncia su ‘Missing’

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  • La “última oportunidad para conocer las violaciones graves de los derechos humanos entre 1965 y 1990”.

Por Santiago J. Santamaría Gurtubay

Familiares y activistas celebran la creación de la “última oportunidad” para esclarecer asesinatos, desapariciones y otros abusos cometidos por el Estado. Por segunda vez en su historia reciente, México dirige la mirada a los años nefastos de la Guerra Sucia. Un decreto ha sido publicado estemiércoles, 6 de junio del 2021. El nuevo organismo toma el testigo de la fracasada Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Anunciada como ejemplo de un cambio de época, el fin del PRI virreinal y la llegada del modernizador Partido Acción Nacional, la Fiscalía naufragó por falta de voluntad política y estrechez de miras. Nos evoca la película ‘Missing’ del actor estadounidense Jack Lemon. ‘Desaparecido’ (títulooriginal: Missing) es una película de 1982 dirigida por Costa-Gavras y protagonizada por Jack Lemmon y Sissy Spacek. La película, cuyo guión, escrito por el director y Donald E. Stewart, está basada en el libro ‘The Execution of Charles Horman’. El largometraje obtuvo, entre otros premios, la Palma de Oro del Festival de Cannes y el Oscar al mejor guion adaptado.​

Esta película fue censurada por la dictadura militar de Pinochet.​ En Chile, tras el golpe de Estado del general Augusto Pinochet, desaparece de su domicilio Charlie Horman, joven e idealista periodista estadounidense. Su padre (Jack Lemmon) y su esposa (Sissy Spacek) deciden buscarlo, cueste lo que cueste. Durante la búsqueda ellos tienen que ver los horrores de la dictadura y darse cuenta de que, por alguna razón, la embajada estadounidense no está dispuesta a ayudar como debería en su desaparición. La historia está basada en un caso real: el del desaparecido Charles Horman (1942-1973). Con la nueva comisión, la esperanza es que el Estado de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, el de la Cuarta Generación, haya madurado lo suficiente para abrirse en canal y dejarse ver las entrañas. “Es la última oportunidad, es verdad”, reconoce Alicia De los Ríos. Activista casi desde la cuna, De los Ríos pelea por conocer el destino de su madre, detenida en enero de 1978 en el antiguo Distrito Federal por la Brigada Blanca, uno de los grupos especiales contrainsurgentes compuestos por militares y miembros de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política del PRI. Es la última oportunidad, dice De los Ríos, porque parece difícil que otro Gobierno se muestre más dispuesto a esclarecer uno de los episodios más oscuros del pasado priista. La mujer dice que el fracaso de la Fiscalía de Fox no le hace temer uno nuevo. “Esta vez llegamos más maduros”, explica, “primero, porque ahora no es una Fiscalía, los trabajos no van encaminados únicamente a establecer la responsabilidad de los perpetradores. La visión es más integral”, añade.

“Ahora además hay una ley de desaparición forzada, no como antes. La búsqueda de nuestros familiares desaparecidos ya no queda perdida”. De los Ríos señala que la comisión les será útil a las familias en el acceso y búsqueda en archivos, hasta ahora vedados. “Hay archivos de la Secretaría de la Defensa (Sedena) importantes, también del Cisen”, dice, en referencia al órgano de inteligencia del Estado. “Hay un montón de archivos de la represión, locales y federales, que no han sido consultados. La comisión es el órgano ideal para esto”, zanja. El interés que menciona la mujer recuerda inevitablemente al de otro grupo de familias: las de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Ambos colectivos comparten una ventaja, la atención del Gobierno. Las únicas dos comisiones de la verdad creadas durante la presente administración responden a sus exigencias. Constituida a principios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la comisión de Ayotzinapa ya ha padecido resistencias por parte de algunas dependencias del Estado para la entrega de información. De ninguna tanto como de Sedena.

Para Santiago Aguirre, director del centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro, el papel del Ejército en la nueva comisión no queda demasiado claro. “Sedena no está como firmante del decreto. Mientras que en la comisión de Ayotzinapa sí aparece. Quiero decir que no llego a ver que el Ejército acompañe este proceso de revisión de la Guerra Sucia”, señala. Privilegiado de la historia, Aguirre y su equipo de abogados conocen tanto el caso Ayotzinapa como los abusos cometidos durante la Guerra Sucia. De hecho, el Centro Pro lleva el caso de De los Ríos ante la justicia. “En el decreto de la comisión de Ayotzinapa se establecía una obligación de entrega de información para las dependencias federales. Eso no está en el actual decreto. Aparece una fórmula distinta, menos contundente”, critica.

Para el historiador Camilo Vicente Ovalle, el nacimiento de la comisión es una buena noticia. “La iniciativa responde a un reclamo de los colectivos de familiares y exmilitantes. Aunque la perspectiva de justicia estaba integrada al proyecto del Gobierno de López Obrador, no había una iniciativa concreta para llevarla a cabo”. Historiador de la UNAM, Ovalle ha participado en los trabajos de diseño de la comisión estos meses. “La diferencia con la Fiscalía de Fox es que su objetivo era enjuiciar a presuntos responsables de crímenes cometidos durante la Guerra Sucia. Pero no hubo avances en los procesos de judicialización y las investigaciones judiciales quedaron paradas. Hace poco tiempo que algunas han empezado a revivir, caso de Alicia de los Ríos. Pero estamos hablando de que quedaron alrededor de 270 investigaciones vivas y otras tantas cerradas. Y de esas 270 no se ha movido nada”, zanja.

Según Ovalle, la comisión debe quedar instalada a mediados de noviembre, después de un proceso de selección de cinco expertos, que acompañarán a los representantes de dependencias como la Secretaría de Gobernación o el Archivo General de la Nación. Respecto al acceso a los archivos del Cisen o el Ejército, el historiador se muestra optimista. “Yo creo que vamos a tener acceso, tengo la convicción de que va a suceder. Ahora, no va a ser fácil, no solo por el acceso que puedan brindar, sino porque han pasado muchos años y no sabemos en qué condiciones puedan estar esos archivos. Es un primer paso muy relevante, faltan más batallas”.

Martha Camacho Loaiza dio a luz a su primer hijo en la oscuridad de un cuartel militar donde estuvo en cautiverio durante 50 días en los años de la Guerra Sucia. El 19 de agosto de 1977, ella y su esposo José Manuel Alapizco fueron sacados a la fuerza de su casa en Culiacán, la capital de Sinaloa (noroeste de México), por policías judiciales y militares. En ese entonces ella era estudiantes de Economía y él profesor en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ambos eran miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre, un grupo subversivo que buscaba un cambio social. El 29 de septiembre, en condiciones insalubres y de tortura, Martha dio a luz a un niño al que llamó Miguel. “Me encontraba vendada de los ojos y amarrada de las manos. Al nacer me descubrieron los ojos sólo para que viera que mi hijo tenía una ametralladora apuntándole en su cabeza”, relata a este diario la mujer de 62 años.

Cuando fue liberada, ante el miedo de que su hijo fuera secuestrado, tomó la decisión de no ponerle el apellido de su padre. Hasta los 15 años Miguel conoció la historia de sus padres en esos años de persecución policial. En el 2000, cuando llegó la alternancia política encabezada por el presidente Vicente Fox del conservador PAN y prometió castigar los delitos cometidos en el pasado, Martha pensó que por fin se iba lograr justicia. “Yo pensé inocentemente que al llegar al poder el PAN se iban a evidenciar los actos de injusticia que se cometieron en el pasado (con el PRI) y se podría llevar a juicio a los perpetradores”, cuenta la víctima de la llamada guerra sucia.

En 2001, en plena transición democrática después de 70 años de gobiernos del PRI, Fox creó la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) para investigar una de las etapas más oscuras en la historia de México. La instancia representó la esperanza para cientos de víctimas como Martha que anhelaban castigos para los altos mandos del Estado mexicano que en los años 60, 70 y 80 criminalizaron y combatieron a grupos estudiantiles, sociales y algunos movimientos armados que protestaban contra el autoritarismo.

Tras años de vivir tortura psicológica a través de llamadas intimidatorias, mensajes hostiles hechos con recortes de periódicos y autos que vigilaban su domicilio, finalmente en 2002 Martha decidió presentar su denuncia, pero su caso nunca avanzó. La Fiscalía especial se disolvió en 2007 -tras acabar el Gobierno de Fox- dejando inconclusos 570 expedientes, entre ellos el de Martha. Las indagatorias fueron enviadas a una instancia de la Fiscalía General (Procuraduría General de la República, PGR). A más de once años de que la PGR retomó las indagatorias los avances son nulos, se desprende de un oficio otorgado por la PGR a este diario en respuesta a una petición de información. Ningún caso ha llegado a manos de un juez y mucho menos se ha logrado una sentencia. Además 234 expedientes continúan en “integración”, en 169 se determinó el no ejercicio de la acción penal (se dio carpetazo definitivo), y el resto están prácticamente archivados.

En 2012, después de que el expediente de Martha estuviera diez años en investigación, la PGR decretó el no ejercicio de la acción penal. Los delitos que se investigaban bajo el Código Penal de Sinaloa, como el de privación ilegal de la libertad, sólo castigaba a particulares y no incluía a los servidores públicos, mientras que los de homicidio y abuso de autoridad, ya habían prescrito. “Lo único que llegaron a hacer fue una reconstrucción de los hechos, pero sólo fuimos revictimizados”, recalca.

Martha, con apoyo del Centro Prodh, puso un amparo en contra del carpetazo decretado por la PGR. En 2014 obtuvo un fallo a su favor y logró que el caso de su esposo fuera considerado por la autoridad judicial como crimen de lesa humanidad, el cual no es prescriptible. Ante el fallo, la PGR se vio obligada a reabrir el expediente. “Desde hace más de tres años de que el caso se reabrió no hay avances. Hace semanas fui a ver cómo iban y sólo han mandado algunos oficios dirigidos a los panteones a ver si hay una fosa común, al hospital civil de Culiacán para preguntar si recibieron el cuerpo de mi esposo, pasos muy lentos”, lamenta la historiadora.

El tema más ambicioso que lideró la llamada Femospp fue la investigación de la represión ejercida por las fuerzas gubernamentales en contra del movimiento estudiantil de 1968 y que culminó con la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de ese año. También recogió denuncias de hechos políticos y sociales ocurridos en todo el país, como los homicidios de presuntos militantes y simpatizantes del izquierdista PRD ocurridos en 22 estados, los homicidios de diversos estudiantes ocurridos en la Universidad Autónoma de Sinaloa, la muerte de siete campesinos en Sonora que habían invadido un predio y fueron desalojados a balazos por policías judiciales, y la persecución de los grupos insurgentes en Guerrero, entre otros cientos de casos.

Antes de que la Femospp fuera disuelta, lo único que consiguió fue llevar a tribunales al expresidente Luis Echeverría por la matanza de estudiantes, pero tras años de litigio, el exgobernante fue exculpado, sepultando con ello la esperanza de justicia. En los 570 asuntos que dejó inconclusos la Fiscalía especial se denunciaron casos de personas asesinadas, desaparecidas, torturadas, ilegalmente detenidas, o sujetas a hostigamiento y vigilancia por fuerzas militares y de seguridad. Entre los perpetradores investigados había miembros del Ejército mexicano, de la extinta Dirección Federal de Seguridad, de la PGR y de la Fiscalía de Ciudad de México, así como policías estatales y municipales. Diversas organizaciones de la sociedad civil han denunciado que uno de los motivos de su fracaso fue no tomar en cuenta el contexto histórico en el que ocurrieron los hechos. Las investigaciones obviaron el patrón sistemático de represión y violaciones a los derechos humanos en contra de quienes se oponían al régimen en esos años, ha sostenido el Centro Prodh, una organización que ha dado seguimiento a los casos. Sólo algunas de ellas fueron abiertas por el delito de desaparición forzada y un par, como las que se abrieron para investigar la matanza de estudiantes en 1968 y 1971, por genocidio.

Luis Tapia Olivares, coordinador del área de Defensa del Centro Prodh, explica que se omitió caracterizar los hechos investigados como crímenes de lesa humanidad y en su lugar la mayoría de las averiguaciones previas fueron abiertas por delitos comunes sujetos al régimen de prescripción. “En vez de calificar como tortura, lo tipifican como lesiones. A una desaparición forzada la califican como privación ilegal de la libertad y una ejecución arbitraria como un homicidio, entonces esos delitos ciertamente prescriben”, detalla.

Durante los años que la Femospp recibió cientos de denuncias, sólo hizo Investigaciones de gabinete, donde sólo se enviaban oficios y no se investigaba en el lugar de los hechos, reprocha el defensor que ha acompañado a diversas víctimas. “Se presentó una oportunidad histórica y hubo una promesa del presidente Fox de investigar los delitos del pasado, pero terminó siendo una promesa vacía”, asevera. Uno de los mayores obstáculos que se tuvieron para poder documentar las indagatorias fue el Ejército mexicano, que fue opaco a la hora de entregar sus archivos históricos. Además, la Fiscalía siempre careció de independencia, capacidad técnica y personal, asegura.

La Coordinación General de Investigación, la instancia de la PGR que retomó los expedientes, sufre de los mismos vicios que la Femospp, explica Tapia Olivares: hay más altos mandos que ministerios públicos investigando los hechos. “Esta coordinación se hizo cargo de los casos porque iba a ser muy grave que se cerraran todas las investigaciones, entonces una forma de administrar la demanda de justicia, fue trasladarlos ahí, pero no es una oficina sustantiva donde se tenga una política de investigación de los hechos y se esté buscando identificar responsables y llegar a la verdad, sino que se hacen investigaciones de trámite”, sostiene.

La PGR ha archivado casi todas las averiguaciones, pero resguarda en su acervo documental cerca de 20.000 fojas que fueron los insumos que la Femospp usó al indagar los crímenes. Uno de los expedientes consultados por este medio brinda detalles de la llamada operación Telaraña, el primer plan contraguerrillero secreto orquestado desde el Estado en contra de civiles. Su objetivo era erradicar a la guerrilla encabezada por Lucio Cabañas, un maestro del Estado de Guerrero que se formó en la Normal Rural de Ayotzinapa (donde estudiaban también los 43 estudiantes desaparecidos desde 2014) y que fundó el partido de los pobres, una organización política que se convirtió en un movimiento armado.

En el expediente, compuesto por partes militares, se documenta cómo en la búsqueda de estos guerrilleros, los militares detuvieron, torturaron y mataron a campesinos, muchos de los cuales no tenían nexos con Cabañas y su gente. En 1974, en plena Guerra Sucia en Guerrero, las denuncias en contra del Ejército no cesaban. En uno de los reportes se lee que un campesino originario de Atoyac de Álvarez levantó un acta ante el agente del ministerio público local para denunciar que unos quince elementos del Ejército llegaron a su poblado y entraron a varias casas a sacar a los habitantes con brutalidad. “Se llevaron a seis personas a la cancha de juego del poblado y ahí fueron masacrados, posteriormente detuvieron a otros pobladores, que después de haber sido golpeados brutalmente fueron puestos en libertad”, se exponía en el parte policial.

Al sumario de aquel juicio pertenecen los testimonios del aprendiz de piloto Ceballos y de otros militares que trabajaron bajo sus órdenes. Chaparro no solo era el cerebro de la represión. Tenía la costumbre de ejecutar él mismo a sus víctimas. Siempre del mismo modo. Un disparo en la nuca con un revólver calibre 380. Tras la ejecución, se les colocaba sobre la cabeza una bolsa de nailon atada al cuello para evitar que quedaran rastros de sangre. A continuación, metían los cadáveres dentro de costales de lona junto con unas piedras. Después se cosían y eran transportados en carretilla hasta el avión. Chaparro siempre usaba la misma pistola para las ejecuciones, bautizada como La espada justiciera.

El mecánico militar Monroy Candía declaró en el juicio que participó en 15 viajes, cargando un total de 120 cadáveres. Chaparro iba a bordo y era quien daba las órdenes. Una de ellas fue retirar la puerta lateral derecha del avión para facilitar las maniobras. Monroy declaró también que en alguna ocasión los cuerpos dentro de los sacos aún se movían. Eran arrojados vivos al mar. El capitán Roberto Hicochera también reconoció su participación. Según la transcripción de su declaración, desde que llegó “no quiso preguntar ni inmiscuirse en nada, porque había rumores de que el avión Arava se usaba para arrojar gente al mar”. Sólo dijo saber que hacían vuelos de madrugada, mar adentro, y que en un determinado punto disminuían la velocidad y luego regresaban.

Acapulco se había convertido desde los cincuenta en el lugar de recreo de la jet set de Hollywood. Por sus playas era habitual ver a Bette Davis, Rita Hayworth o Cary Grant. Dos décadas después, aún seguían viajando a por sus margaritas Frank Sinatra o John Wayne, que llegó a comprar su propio hotel. Una de las terrazas del Flamingos, elevado entre los riscos, tiene una vista larga que llega hasta la bahía de Pie de la Cuesta y su base área militar. A menos de media hora en coche del refugio dorado de John Wayne, estaba el lugar donde el general Chaparro y sus secuaces cometían sus atrocidades.

La base militar de Pie de la Cuesta fue uno de los centros de detención y tortura, además de la lanzadera para los aviones de la muerte. “Es el lugar donde perdemos la pista de mi mamá. Por eso creemos que pudo desaparecer en los vuelos”, cuenta Alicia de los Ríos, hija de una dirigente guerrillera de la época. Del mismo nombre que su hija, De los Ríos fue detenida en enero de 1978 en el antiguo Distrito Federal por la Brigada Blanca, uno de los grupos especiales contrainsurgentes compuestos por militares y miembros de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política del PRI.

Su hija, que lleva litigando contra el Estado mexicano desde hace casi 20 años, conoce el último paradero de su madre por las declaraciones de otro detenido, Alfredo Medina Vizcaíno, capturado en Ciudad Juárez el mismo año. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, confirma como los detenidos de distintas partes del país eran llevados a la base militar de Pie de la Cuesta, “que está enclavada a orillas del mar”.

Vizcaíno relata el patrón de las torturas -inmersiones en agua, descargas eléctricas, golpes con barras de hierro- y añade que les metieron “en un cuarto de baño donde permanecieron hasta el día siguiente”. Al salir se encontraron con De los Ríos. Era mayo de 1978, tenía 25 años y a partir de ahí nadie sabe nada más. Las fechas coinciden con el periodo en el que se efectuaron los vuelos, según uno de los pocos informes oficiales: 30 vuelos en total entre 1975 y 1979. La misma época en la que en las dictaduras del sur del continente siguieron de manera sistemática la misma práctica.

“Mi mamá vivió un proceso de radicalización muy frecuente en la época. Venía de una familia campesina, empezó con el activismo pero acabó en la lucha armada influenciada por la experiencia cubana”, explica su hija. En 1960, Guerrero era el Estado más pobre de México. Más de tres cuartes parte de la población se dedicaba al campo y el 60% era analfabeta.

El germen de las guerrillas en México fue la acción política por las vías bajo la bandera de la reforma agraria y el acceso a la educación, ideales de la revolución de hacía 50 años secuestrados por el régimen autoritario priista. El profesor Genaro Vázquez, uno de los líderes guerrilleros, llegó a presentarse a las elecciones de 1962, taponadas sin solución por el partido único mexicano. En 1968, los humildes profesores guerrerenses tomaron las armas contra “la oligarquía del PRI, que era juez y parte en los actos electorales”, según sus propias declaraciones recogidas en documentos desclasificados de la DFS.

México y Estados Unidos buscan sellar un nuevo acuerdo de seguridad y dejar atrás la llamada Iniciativa Mérida, un programa de cooperación que se remonta al final del mandato de George W. Bush y que en la práctica llevaba años estancado. El secretario de Estado Antony Blinken llega este viernes a México a la cabeza de una delegación que tratará un asunto capital para impulsar las relaciones bilaterales. Después de abordar un plan para favorecer la reactivación económica hace un mes en Washington, los Gobiernos de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador exploran ahora la vía para actualizar su agenda común en materia de seguridad. El nuevo acuerdo, que con ocasión de los 200 años de la independencia de México ha sido bautizado como “Marco bicentenario para la seguridad, la salud pública y las comunidades seguras”, tiene, en esencia, el propósito de reducir la violencia a los dos lados de la frontera.

La visita de Blinken, que se reunirá con el presidente mexicano y el canciller, Marcelo Ebrard, culmina un ciclo de encuentros preparatorios, mantenidos en los últimos meses, en los que afloraron las prioridades de las dos Administraciones. El objetivo del diálogo, denominado “de alto nivel”, es avanzar en esas conversaciones sobre “la protección de los ciudadanos de EE UU, la prevención de los delitos transfronterizos, la persecución de organizaciones criminales y la promoción de los derechos humanos y del cumplimiento de la ley”, según un comunicado de la Casa Blanca. “Este diálogo llega en un momento en el que las amenazas del siglo XXI son cada vez más complejas y no entienden de fronteras”. Es la primera reunión de este tipo desde que Biden llegó a la presidencia de EE UU, el pasado enero, y se normalizó una situación embarrada por su antecesor, Donald Trump.

El Gobierno de López Obrador lleva meses tratando de enterrar la Iniciativa Mérida, que echó a andar en 2008 y que, pese a incluir unos fondos de 3.000 millones de dólares, fracasó o no resultó suficiente para sostener la estrategia de lucha contra el narcotráfico. México afronta una nueva crisis por el recrudecimiento de la guerra entre cárteles, especialmente en el norte del país, donde la semana pasada fue localizado un campamento con crematorios clandestinos entre Nuevo Laredo y Texas. A eso se añade que en los últimos años Trump nunca tuvo un plan de choque contra el crimen organizado y se centró en contener la migración. Por otro lado, la política de seguridad del mandatario mexicano se rige por un principio que él mismo llamó “abrazos, no balazos”, que cuestiona la prioridad que las Administraciones anteriores dieron a los operativos militares.

Ebrard aseguró esta semana que México busca que el entendimiento con Washington no sea “tan asimétrico” como hasta ahora. Su equipo llevó a la mesa de negociación previa 10 asuntos que incluyen la reducción de asesinatos, la asistencia jurídica, las extradiciones -que, afirmó, se dan a un ritmo distinto-. Pero, por encima de todo, busca lograr con la Administración de Biden un acuerdo sobre el control del tráfico de armamento. “No me mandes armas, por favor… Lo que queremos es que ya no vengan armas, no que vengan más. El 70% de las armas, como sabemos, provienen de allá”, insistió el secretario de Relaciones Exteriores. En línea con el proyecto político de López Obrador, el Gobierno busca, en definitiva, un marco de colaboración de respeto mutuo y sin injerencias, defienden en Cancillería.

La activación de este foro de seguridad es consecuencia de la reunión mantenida en junio entre la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente mexicano. Al encuentro entre México y EE UU acompañan a Blinken el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el fiscal general Merrick Garland y otros altos cargos de la Administración estadounidense. “Creo que va a ser muy importante este encuentro. Ya cada vez hay más coincidencias en que debemos de atender más lo relacionado con el desarrollo y que el fenómeno migratorio, el problema migratorio, tiene que atenderse creando oportunidades de trabajo, de bienestar, en los lugares de origen de los migrantes”, ha manifestado este jueves López Obrador. En este punto ha habido, hasta ahora, desacuerdo entre ambas Administraciones, ya que México defiende un desembolso directo a los países centroamericanos mientras que la Casa Blanca supedita las ayudas al desempeño de los Gobiernos receptores.

Pero la cita llega con la última manifestación aún fresca de una crisis migratoria crónica; la llegada de miles de haitianos a la frontera con Texas supuso en septiembre una nueva prueba de estrés para la relación entre ambos países, que comparten más de 3.000 kilómetros de frontera. La Administración Biden, preocupada por el avance de la variante Delta del coronavirus, reactivó este agosto el Título 42, que permite la expulsión exprés de migrantes por motivos de salud. La norma fue invocada en primera instancia por Trump al principio de la pandemia. Un juez federal paró el 17 de septiembre la aplicación de esa ordenBiden no pasa por su mejor momento. A los índices de aprobación más bajos (38%) desde su llegada al poder se suman las dificultades para sacar adelante sus planes de recuperación en materia de infraestructuras y de escudo social, encallados en una lucha interna en el partido demócrata entre las alas conservadora y progresista. El presidente de Estados Unidos ha logrado este jueves al menos un respiro con el anuncio de un acuerdo entre demócratas y republicanos que permitirá una prórroga del techo de la deuda. Esto aleja momentáneamente el riesgo de suspensión de pagos en EE UU.

La política exterior y el trato con México son otro de los frentes. Las relaciones pasaron por momentos de tensión justo antes de la visita de Kamala Harris precisamente por las prioridades discordantes en economía, seguridad, migración y lucha contra la pandemia. Biden se estrenó en enero en la Casa Blanca en medio del malestar generado por el caso del exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos. El general fue detenido el año pasado en Los Ángeles bajo la acusación de narcotráfico. Una negociación diplomática logró su rápido regreso a México, pero una vez en el país el militar fue exonerado por la Fiscalía de todos los cargos.

En septiembre los dos Gobiernos retomaron la mesa de diálogo económico escenificando su cercanía con un encuentro en Washington. Pero ahora todos los focos apuntan a la seguridad, un desafío cada vez más apremiante especialmente tras una larga etapa de inacción.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador exigirá a Estados Unidos que frene el tráfico de armamento como premisa central de un acuerdo en materia de seguridad. “Ya no quiero que me des armas ni helicópteros”, ha resumido este martes el canciller, Marcelo Ebrard, en vísperas de la reunión entre el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Estado, Antony Blinken, convocada para el viernes. El encuentro, que cierra el primer ciclo de conversaciones exploratorias entre equipos de las dos Administraciones, tiene el propósito de comprobar las condiciones para un entendimiento. El objetivo es, en esencia, reducir la violencia en ambos lados de la frontera, pero especialmente en México, que ya afronta una nueva crisis por el enfrentamiento entre cárteles. Hace una semana, las autoridades localizaron en la sierra de Nuevo Laredo (Tamaulipas), a un puñado de kilómetros de Texas, un centro de exterminio con crematorios clandestinos.

“No me mandes armas, por favor… Lo que queremos es que ya no vengan armas, no que vengan más. El 70% de las armas, como sabemos, provienen de allá”, ha insistido Ebrard en conversación con medios de comunicación al término de la presentación del nuevo pasaporte electrónico. El canciller persigue una relación de reciprocidad con Estados Unidos no solo en los documentos suscritos, sino en la práctica. “Un entendimiento que sea no tan asimétrico”, ha dicho. “Se oye medio teórico, pero cuando fue la Iniciativa Mérida, México fue y tocó la puerta y les dijo: ‘Oigan, por favor, ayúdame, porque yo necesito que tú me ayudes, que tú me salves, que tú me hagas, que tú me prestes…’. Y eso te pone en desventaja ¿no?”, ha considerado el secretario de Relaciones Exteriores en referencia al plan de seguridad anterior, acordado bajo el mandato de George W. Bush (2001-2009).

Los cimientos del nuevo marco de colaboración deben tener, para México, dos bases. En primer lugar, el respeto mutuo, lo que en otras palabras es una advertencia relacionada con el proyecto político de Morena y la llamada cuarta transformación: esto es, la reivindicación de la soberanía nacional. Y en segundo lugar, la atención a las prioridades de los dos países. El Gobierno mexicano llevó a la mesa de negociación 10 prioridades, entre ellas, la reducción de homicidios, el control del tráfico de armas, la asistencia jurídica o las extradiciones. Para Ebrard, por ejemplo, la ejecución de estas órdenes judiciales deben tener “la misma velocidad de aquí para allá que de allá para acá, que no es el caso ahorita”.

Blinken estaba invitado a los actos del Bicentenario de Independencia del pasado 27 de septiembre, aunque finalmente no viajó a Ciudad de México. Sí lo hará esta semana, acompañado del titular del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, quien se reunirá con su homólogo mexicano, Alejandro Gertz. En enero, cuando Joe Biden tomó posesión en la Casa Blanca, López Obrador pidió a su Gabinete que explorara un nuevo plan de seguridad para dejar atrás la iniciativa Mérida. Después del llamado diálogo económico de alto nivel, una prioridad para ambos países, se ha comenzado a hablar de seguridad.

Ese programa contaba con recursos millonarios y echó a andar al final de la Administración de George W. Bush, hace más de una década. Pero ese plan de cooperación no ha funcionado pese a incluir unas ayudas de 3.000 millones de dólares. Fracasó o, en cualquier caso, no fue suficiente para sostener la estrategia de lucha contra el narcotráfico. “La Iniciativa Mérida está muerta. No funciona”, afirmó recientemente el secretario de Relaciones Exteriores al diario The Washington Post. “Ahora estamos en otra era”. Las autoridades mexicanas buscan ahora un nuevo enfoque junto a Biden. Los retos en materia de seguridad vuelven abordarse, además, después de casi un lustro de desinterés por parte de Washington. Al expresidente Donald Trump nunca le interesó mucho la lucha contra el narcotráfico y la relación bilateral con México. En los primeros meses del mandatario demócrata se ha percibido otra disposición. De Blinken a Juan González, enviado de la Casa Blanca para Latinoamérica, varios altos cargos han fijado en varias ocasiones como prioridad la reducción del tráfico de armas y de narcóticos. Queda, sin embargo, formalizar la voluntad en un acuerdo.

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Estados Unidos retirar el bloqueo económico contra Cuba, el mandatario federal descartó que se vean afectadas las relaciones con el país vecino. “Nosotros tenemos muy buenas relaciones con todos los países, con todos los pueblos del mundo, son relaciones de respeto y se va a mantener esa política. México es sinónimo de amistad, no vamos nosotros a confrontarnos con ningún gobierno”, dijo. México reafirma su ‘vínculo especial’ con Cuba con la visita de Díaz-Canel en el día de la Independencia. López Obrador defiende la participación del presidente de Cuba en la ceremonia: “México tiene las puertas abiertas a todos los gobernantes”. Los actos conmemorativos de la Independencia de México tuvieron este año un discutido protagonista. La invitación del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que participó en la ceremonia oficial junto a Andrés Manuel López Obrador ha revuelto los festejos entre manifestaciones de rechazo de dirigentes opositores. El mandatario mexicano defendía la visita asegurando que el país “tiene las puertas abiertas a todos los gobernantes”. Díaz-Canel, que ya ha aterrizado en Ciudad de México, dos meses después de las protestas contra su Gobierno en medio del creciente hartazgo de la población, también se sumará a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebró en la capital.

López Obrador pide a Biden que ponga fin al bloqueo a Cuba: “Hay que separar lo político de lo humanitario”. Él va a estar en la ceremonia del día 16″, confirmó López Obrador, quien aseguró que también invitó a Joe Biden con ocasión de los actos del 27 septiembre, aunque el presidente estadounidense no podrá asistir y enviará al secretario de Estado, Antony Blinken. La participación en el desfile militar del máximo dirigente del régimen cubano despertó polémica al tratarse de un invitado especial, que además ofrecerá un discurso. “Vienen invitados a las fiestas de diciembre tanto autoridades civiles como militares, de todo el mundo vienen, están invitados a México. Entonces, no podemos nosotros invitar a unos y a otros no”, justificó el presidente.

La reivindicación de la idea de soberanía, uno de los ejes de la acción política del Gobierno, sobrevuela la visita. Hace tan solo unas semanas, López Obrador pidió a Biden que interrumpa el bloqueo económico a Cuba y que pronto “tome una decisión” al respecto. “Es un llamado respetuoso, desde ningún punto de vista injerencista, pero hay que separar lo político de lo humanitario, la vida es lo más importante, es el principal de los derechos humanos”, afirmó el mandatario. Díaz-Canel le pidió ayuda personalmente por carta y México envió a finales de julio dos cargamentos de ayuda humanitaria y material médico.

“Somos un país libre, soberano”, agregó el presidente al apelar al artículo 89 de la Constitución, que establece que el Ejecutivo debe actuar en diplomacia observando los principios de “no intervención”, “la autodeterminación de los pueblos” y el respeto a los derechos humanos, entre otros. “Esa es nuestra política exterior, entonces por eso invitamos a todos. México tiene las puertas abiertas a todos los gobernantes, somos amigos de todos los pueblos del mundo”, dijo. En medio de las movilizaciones de julio también había salido en defensa del mandatario cubano: “No debe de haber intervencionismo. No debe de utilizarse la situación de salud del pueblo de Cuba con fines políticos. Eso debe quedar de lado. Nada de politización, de campañas mediáticas, que ya se están dando a nivel mundial”.

Díaz-Canel ya acudió a la toma de posesión de López Obrador en 2018 y casi un año después regresó para una visita oficial. Antes de viajar, escribió en su cuenta de Twitter que “la Revolución Mexicana constituyó una fuente de profunda inspiración para el movimiento revolucionario latinoamericano” acompañando la frase de la etiqueta “Fidel vive”. El presidente Castro, fallecido en 2016, viajó una decena de veces al país. Lo hizo durante mandatos del PRI y también bajo Vicente Fox, del PAN. En esa ocasión, el exgobernante mexicano le pidió a su homólogo cubano que abandonara la Cumbre Extraordinaria de las Américas de 2002 para evitar un incómodo encuentro con George W. Bush. Según un audio difundido por La Habana, este le dijo: “No es muy de amigos avisar a última hora que te apareces aquí… No sé cuándo pretendes venir, pero mi propuesta sería que vengas el jueves… que participes en la sesión, hagas tu presentación. Después, tenemos un almuerzo, que ofrece el gobernador del Estado a los jefes de Estado. Inclusivo te ofrezco que estuvieras en ese almuerzo y te sientes a mi lado y que ya terminado el evento te regresaras, que me dejaras libre el viernes, que no me complique el viernes”.

Ahora, uno de los políticos que más ha criticado la visita de Díaz-Canel ha sido el expresidente panista Felipe Calderón. llegando a llamar “genocida y dictador” al cubano y a compararlo con Adolf Hitler. “Pues, qué bien que no le guste. Fuera máscaras”, le contestó López Obrador. Uno de los buques con alimentos e insumos médicos que México envía a Cuba, en Puerto de Veracruz. Díaz-Canel pidió en una carta a López Obrador ayuda humanitaria para Cuba. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, habla con la prensa en San Antonio de los Baños (Cuba), el pasado 11 de julio. Miguel Díaz-Canel eleva la tensión con EE UU: “Ha fracasado en su empeño por destruir Cuba”.

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