Iniciativa contra extorsiones forma parte del proceso de modificarse la Constitución Política Mexicana.
Por Blanca Silva > Quequi
Cancún. El Observatorio Legislativo de Quintana Roo (OLQR), respaldó el proyecto de decreto enviado por el Poder Ejecutivo federal al Congreso de la Unión para que se expida la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los delitos en materia de extorsión, pero advirtió la necesidad de asignar presupuesto para su atención e integrarlo al catálogo de delitos mayores, ya que se trata de un delito que ocupa el tercer lugar en incidencia delictiva.
El coordinador del OLQR, Eduardo Galaviz Ibarra, recordó que la iniciativa forma parte del proceso iniciado meses atrás al modificarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el Congreso pudiera expedir una ley general de este tipo, pues se trata de un delito que seguirá presente en la sociedad, además de que se estima que hay una alta cifra negra por los hechos que no se denuncian ante las autoridades y que se calcula alcanza el 97%.
Apuntó que ese porcentaje confirma el grave problema que sufre la sociedad mexicana frente a este tipo de acciones criminales, por lo que la iniciativa integra una propuesta de reformas y adiciones al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Lo anterior, dijo, se inserta dentro de todo el marco normativo judicial y procesal del país, lo cual representa un gran avance legal, por lo que estaremos esperando su aprobación en las próximas semanas en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, es importante hacer algunas observaciones sobre esta propuesta de iniciativa, ya que más allá de ser un gran avance es importante establecer una tipología del delito bastante amplia como se observa en la descripción de modalidades de este fenómeno delictivo, además de contar con un tipo penal básico aplicable en toda la República, independientemente de donde se cometa o se provoque y que se acredite a partir de los elementos básicos determinados de la tipología de este delito.
Apuntó que es importante también qué el delito de extorsión no conceptualice únicamente como un delito patrimonial sino que considere todos los efectos que las personas que sufren este delito sufren como consecuencia, así como que proponga que sea investigado y perseguido de oficio, buscando reducir la exposición de las personas que denuncien.
En este marco, consideró necesario establecer una red de protección ciudadana para avanzar en la solución de este gravísimo problema que afecta no solamente al tema patrimonial, de inversiones, estabilidad empresarial y de la seguridad de las personas y que en gran magnitud está dañando a la sociedad como vemos no sólo en el estado sino en otros partes del país, afectando la vida e integridad de líderes empresariales y empresarios de todo tipo de actividad y nivel socioeconómico.
