El Lider de Generando Ideas Gustavo Miranda García, acusó públicamente a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo de llevar a cabo actos de persecución política y amedrentamiento en su contra, asi como amenazas de “cierto grupo” luego de que expusiera la grave crisis de inseguridad que, según él, golpea a diversos sectores productivos de la entidad.
Miranda García, quien también encabeza el movimiento ciudadano Generando Ideas, explicó que los hechos comenzaron a principios de mayo, después de hacer varias declaraciones en las que denunció la presunta operación de una red de tráfico sexual y el fuerte impacto de la violencia en miles de negocios del estado.
A partir de esos señalamientos, aseguró que iniciaron acciones irregulares por parte de autoridades ministeriales. Detalló que personal de la Fiscalía intentó notificarlo y citarlo de forma presencial, sin cumplir —según su versión— con los procedimientos legales establecidos.
El documento que recibió, indicó, no contenía datos esenciales como el número de carpeta de investigación y incluía advertencias sobre posibles multas económicas si no se presentaba, lo que levantó sus sospechas sobre la validez del proceso.
“El denunciar no debería costarte esto… pero está pasando”, escribió el empresario en sus redes sociales, donde visibilizó su caso y denunció las presiones que ha enfrentado por hablar sobre la situación de seguridad en Quintana Roo.
El exlegislador consideró que estas acciones buscan inhibir la denuncia ciudadana y restringir la libertad de expresión.
Miranda García resaltó que, a través de su movimiento Generando Ideas, ha promovido diversas iniciativas para fortalecer la seguridad y proteger la economía local, especialmente en el sur del estado, donde la situación para empresarios y comerciantes se ha vuelto particularmente complicada.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo no ha emitido una respuesta oficial detallada ante estas acusaciones. El caso ha generado diversas reacciones en sectores sociales y empresariales, reabriendo el debate sobre el actuar de las autoridades, la necesidad de procesos transparentes y la protección a quienes exponen problemas públicos.
Este incidente se suma al amplio cuestionamiento que existe en Quintana Roo respecto a la seguridad, la rendición de cuentas y el rol de las instituciones para atender las denuncias de la ciudadanía, en un contexto donde empresarios y actores sociales demandan mayores acciones para combatir la violencia y salvaguardar la actividad económica.
