En desventaja el destino frente a otros competidores.Lejos de fortalecer la recaudación, incrementar 25% el pago del derecho Visitax y obligar a hoteles y prestadores de servicios turísticos a fungir como retenedores y responsables solidarios del cobro, atenta contra el Plan México, la competitividad y vulnera la certeza jurídica, además de ser inviable operativamente para hoteles y prestadores de servicios; por ello, el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, encabezado por David Ortiz Mena, manifiesta su profunda preocupación e hizo un llamado urgente a las autoridades a reconsiderar esta iniciativa.Mediante un comunicado el organismo, que agrupa a las asociaciones hoteleras en la entidad, señala que, la medida compromete la competitividad de la entidad, vulnera la certidumbre jurídica de hoteles, prestadores de servicios turísticos -convertidos indebidamente en retenedores, así como de inversionistas, proveedores, visitantes y trabajadores, y amenaza al principal motor económico de Quintana Roo.“Mientras otros destinos internacionales están ajustando cargas fiscales a la baja para atraer más visitantes, la propuesta de aumentar el Visitax y pretender que se cobre por hoteles y prestadores de servicios turísticos, va en sentido contrario y coloca a México en clara desventaja. Quintana Roo está en una región donde la demanda turística es altamente sensible a incrementos de costos”, indica parte del boletín de prensa.La iniciativa contradice los principios del Plan México, cuyo eje rector es mejorar la percepción internacional sobre nuestro país, disminuir cargas al visitante, y fortalecer la confianza para detonar el turismo como palanca estratégica de desarrollo. En lugar de abonar a este compromiso, el nuevo esquema encarece injustificadamente la visita, deteriora la experiencia del viajero y erosiona los incentivos para invertir en destinos nacionales.Por razones operativas y contractuales, los hoteles no pueden trasladar este nuevo cargo a tarifas ya negociadas internacionalmente, con meses de anticipación. Adicionalmente, dispersar la cobranza del Visitax en miles de prestadores multiplica los riesgos de cobro indebido, genera inconsistencias, confusión para el viajero, y fricciones que afectan directamente la percepción del destino.En destinos como Chetumal o Bacalar, el cobro del Visitax a una pareja puede equivaler a casi una noche completa de hospedaje. Esto afecta de forma desproporcionada a los hoteles accesibles y a negocios familiares, y poniendo en riesgo el futuro del modelo multidestino que distingue al Caribe Mexicano.Además, la propuesta viola principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad y equidad. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la responsabilidad solidaria requiere una vinculación directa con el hecho imponible. Pretender que los hoteles recauden un impuesto por el uso de infraestructura pública, un hecho que es ajeno al servicio de hospedaje, es una delegación indebida de atribuciones del estado y, por ende, inconstitucional.
