Mayor preparación para el nuevo Código Nacional y la autonomía del Tribunal de Disciplina para atender quejas ciudadanas.Cancún, 24 de febrero.- El Poder Judicial de Quintana Roo se encuentra en una etapa de intensa actividad enfocada en la actualización profesional de sus integrantes, según informó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden José Cebada Rivas.Señaló que actualmente se trabaja con rigor en la formación de jueces y magistrados para garantizar una implementación exitosa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.“Este esfuerzo se suma a un programa de capacitación continua diseñado para fortalecer todo el sistema escalafonario de la institución, asegurando que el crecimiento del personal esté respaldado por conocimientos sólidos y actualizados”, indicó.Más allá del ámbito técnico y procesal, el órgano de administración está impulsando diversos cursos orientados a mejorar el trato directo con la población.El magistrado Cebada Rivas subrayó que se busca reforzar los valores del personal judicial para ofrecer una atención más humana y eficiente a la ciudadanía.En cuanto a la supervisión del desempeño y la recepción de quejas, aclaró que estas responsabilidades recaen estrictamente en el Tribunal de Disciplina. Este es un organismo que opera con total autonomía, permitiendo que cualquier inconformidad de los usuarios sea presentada y atendida de manera directa por dicha instancia especializada.En el aspecto financiero, el panorama presenta desafíos significativos debido a que no se registró un aumento presupuestal en comparación con el ejercicio del año anterior.Esta situación es particularmente compleja dado que el presupuesto actual no contempló originalmente las necesidades operativas de figuras creadas por la reforma, como el propio Tribunal de Disciplina o la Universidad Judicial.Ante este escenario, el magistrado confirmó que ya se mantienen mesas de diálogo tanto con el Congreso del Estado como con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para gestionar los recursos necesarios que permitan cumplir con estas obligaciones legales.Finalmente, sobre la distribución de los recursos existentes, se detalló que el órgano de administración es el encargado de gestionar una partida que ronda los 280 millones de pesos.“Estas gestiones son fundamentales para dar viabilidad a los proyectos de transformación judicial en el estado, especialmente en un año donde la transición hacia los nuevos modelos de justicia civil y familiar demanda no solo voluntad institucional, sino también el respaldo económico suficiente para su consolidación”, añadió.
