Autoridades federales revisan la responsabilidad de la rampa tras cambios administrativos y donaciones de predios, con el objetivo de definir su estatus jurídico y garantizar su posible reapertura para uso público y actividad náutica.
Señaló que, históricamente, la rampa estaba a cargo de Fonatur, pero la reconfiguración institucional obliga ahora a revisar a qué dependencia fue asignado el predio y bajo qué figura jurídica; afirmó que ya se han iniciado reuniones con la Capitanía de Puerto y que también se encuentran en comunicación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para programar el acceso al sitio, actualmente restringido.
“Estamos en el proceso de identificar quién quedó a resguardo de ese bien público y lo que buscamos es que la rampa sea utilizada”, expresó.
El director reconoció que aún no se han realizado recorridos formales debido a la falta de acceso, pero aseguró que las indagaciones avanzan con apoyo de distintas autoridades y subrayó que la coordinación interinstitucional será indispensable para garantizar el uso adecuado de la rampa, especialmente en un destino donde la actividad náutica es intensa y depende de infraestructura pública funcional.
